El 26 de Septiembre de 2014, cuarenta y tres estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos. A pesar de que, para ese entonces, México ya se encontraba en medio de una gran ola de violencia, el ataque sacudió a la sociedad y al gobierno mexicano.

Los hechos indiscutibles del ataque escandalizaron al mundo entero: las víctimas eran estudiantes de primer año en una escuela para maestros rurales, quienes se dedican a trabajar con comunidades marginadas. De acuerdo a todos los testimonios, los estudiantes no estaban armados; aún así, miembros de la policía dispararon contra ellos, y posteriormente desaparecieron a los sobrevivientes. Desde el inicio, la investigación del caso estuvo repleta de retrasos y problemas burocráticos, y los funcionarios del gobierno fueron acusados de inacción y de estar en complicidad con los criminales.

Las movilizaciones que siguieron al evento hicieron pensar a varios en la posible caída del gobierno del Presidente Peña Nieto. Diversos sectores de la sociedad mexicana--oficinistas, jornaleros, y los ciudadanos en general--tomaron las calles para exigir la presentación con vida de los estudiantes, y la impartición de justicia contra los criminales. Estos llamados fueron apoyados por algunas de las voces más importantes de la comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, y varios gobiernos extranjeros. Eventualmente, un grupo de expertos internacionales fue enviado a México para llevar a cabo una investigación independiente sobre el caso.

A pesar de todas las protestas y los llamados a la pronta impartición de justicia, el caso todavía no ha sido resuelto. Los restos de dos estudiantes ya han sido identificados, pero no parece haber indicaciones del posible paradero del resto. Y aunque han habido serias acusaciones contra el alcalde de Iguala y varios políticos, el cártel local, la policía y los militares, todavía no es claro quiénes son los verdaderos culpables.

¿Por qué, a pesar de la indignación local, nacional e internacional, todavía no se ha resuelto el caso? ¿Qué nos dice esto sobre los principios y las leyes de derechos humanos, sobre sus poderes y su capacidad de acción? ¿Qué nos dice sobre la situación política en México, la capacidad del Estado, y la impartición de justicia en el país?

Esta línea del tiempo presenta una crónica de los eventos después del 26 de septiembre de 2014, con el fin de servir como herramienta para contestar estas preguntas. Hemos recolectado sistemáticamente información sobre las acciones de varios actores clave en este evento de importancia histórica. Nuestra intención es que este trabajo le sea de utilidad a  estudiantes que se acercan por primera vez al tema. Asimismo, esperamos que le sea de interés a investigadores que busquen entender las causas y las consecuencias de esta tragedia.

Metodología

La línea del tiempo fue creada a partir de la revisión de 334 documentos, publicados por actores tanto estatales como no-gubernamentales que han tenido un papel clave en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes. Las principales fuentes de información incluyen declaraciones del gobierno del Estado de Guerrero, el Procurador General de la República , el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Además de estos documentos oficiales, la línea del tiempo también está basada en más de cien artículos periodísticos, con la idea de brindar una narrativa sobre las reacciones de la sociedad civil.